El 2017, continúa la disminución de ingresos del Estado que se registra desde 2015, principalmente los provenientes de hidrocarburos.

Con la actual distribución de recursos públicos, prevalecen desequilibrios verticales y horizontales, y la caída de ingresos afecta de distinta manera a los diferentes niveles, instituciones y regiones. Los gobiernos subnacionales son los más afectados.

Bajo el actual diseño fiscal, el marco y la manera en el que se desenvuelve la gestión pública, la nueva situación de las finanzas públicas podría resultar en una reducción de la protección social y en vulnerar los alcances en indicadores sociales logrados hasta el momento.

Urgen políticas para adecuar las finanzas públicas al nuevo contexto con menores ingresos, de manera que se dé una mayor sostenibilidad. En el nuevo contexto, es momento de optimizar el uso de los recursos públicos en inversiones que generen retornos económicos y/o sociales, con base en rigurosas evaluaciones técnicas.