Las restricciones establecidas desde el mes de marzo, producto de la expansión del coronavirus, tendrán consecuencias sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios, que impactaría sobre el 15% de la población, cifra equivalente a cerca de 1,8 millones de personas en el país, las que se encontraban en inseguridad alimentaria, por su incertidumbre en su capacidad de compra de una canasta mínima y básica de alimentos.