Entre las propuestas del programa del actual Gobierno se encuentra la redistribución fiscal 50/50 entre el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas, tema que ha sido retomado en la agenda pública para ser abordado próximamente.
NUESTRA INTERVENCIÓN
El actual momento constituye una oportunidad para diseñar y poner en práctica, de manera efectiva, el régimen autonómico establecido en la Constitución Política del Estado que, hasta la fecha, tiene aún muchos elementos inconclusos o pendientes, y que diferentes instituciones venimos planteando.
Asimismo, es la oportunidad para superar la dispersión y la limitada optimización de recursos, avanzando hacia un sistema que contribuya al bienestar real de la población y a definir qué tipo de desarrollo queremos construir a través de las autonomías.
En el marco de estas consideraciones, nuestra participación trasciende la respuesta coyuntural, buscando contribuir al debate nacional a partir de nuestra experiencia.
Por lo expuesto, la Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social manifiesta lo siguiente:
EL PROCESO
Consideramos que el desafío no consiste en un reparto vacío de contenido. El objetivo central no es la distribución de recursos, sino la capacidad de cumplir con atribuciones y competencias específicas que impacten en la calidad de vida de la población. Por tanto, este proceso no debería reducirse a una negociación de la distribución de porcentajes entre el nivel nacional y los gobiernos autónomos.
Proponemos un proceso de transformación de la arquitectura fiscal del Estado, incluyendo, además de la distribución de los recursos, elementos como la construcción de capacidades, la generación de ingresos, la concurrencia y otros, orientado por la eficiencia, efectividad, equidad y sostenibilidad.
Los recursos deben entenderse como el insumo necesario para operativizar un modelo de gestión integral que tenga objetivos claros de desarrollo y reales posibilidades de impactar positivamente en las condiciones de vida y necesidades de la población. En este marco, las Entidades Territoriales Autónomas pueden y deben ser los principales protagonistas de este proceso, desde su potencialidad, pertinencia, capacidad y legitimidad, en todos los ámbitos territoriales del país. Asimismo, las definiciones que se tomen deberían enmarcarse en los principios y valores de nuestra Constitución como la equidad, equilibrio, solidaridad e igualdad de oportunidades.
NECESIDAD DE DIAGNÓSTICO
Para abordar este proceso, consideramos que hay ciertas tareas que deberían llevarse adelante desde un principio.
Por un lado, se debería tomar en cuenta un análisis de la complicada situación económica actual, puesto que, entre los diferentes problemas persistentes, se tiene el profundo déficit fiscal (brecha entre ingresos y gastos) que requiere ser atendido; y las determinaciones resultantes del proceso no deberían agravar la crisis mediante la expansión del gasto, el incremento del déficit y el endeudamiento.
Por otro lado, se debería considerar una evaluación del Sistema de Descentralización implementado desde los años 90’ (Participación Popular y Ley de Descentralización Administrativa), y bajo la nueva Constitución, con la definición del régimen autonómico.
Se requiere un diagnóstico de las capacidades reales, sostenibilidad y efectividad de los gobiernos autónomos para la prestación de servicios, alcanzar una autonomía económica, la gestión operativa; es decir, el ejercicio de sus competencias; reconociendo que hay realidades de escala territorial que sobrepasan las jurisdicciones municipales.
El análisis y evaluación a realizarse también debería incluir al Nivel Central en el cumplimiento de sus funciones. Será fundamental, además, abrir la información del Estado para que el debate sea técnico, transparente y basado en datos reales.
Y, para asegurar la gobernabilidad del proceso, se requiere el establecimiento de reglas claras y la suscripción de acuerdos previos entre los actores participantes. Estos acuerdos implican el compromiso de cumplir y respetar las determinaciones que resulten de este proceso, entre otros elementos.
CÓMO SERÍA EL PROCESO – METODOLOGÍA:
El diseño y la ejecución de este proceso debe concebirse bajo un enfoque participativo, fundamentado en el rigor técnico y la legitimidad social, teniendo como fin último el bienestar de la población, reconociendo la heterogeneidad de la estructura social, económica y territorial que nos caracteriza.
Apostamos por un diálogo nacional que busque integrar propuestas de los distintos niveles de gobierno y de la sociedad civil. Este carácter inclusivo no solo dota al proceso de legitimidad, sino que permitirá generar las convergencias necesarias para alcanzar acuerdos sólidos.
TEMAS DE AGENDA:
En este sentido, como Plataforma interinstitucional, en principio y hacia la construcción de propuestas y alternativas específicas, planteamos la agenda temática que consideramos debe incluir este proceso, resumida en los siguientes puntos:
- Competencias
- Definición o distribución de competencias por niveles de gobierno (dentro del marco de lo ya establecido en la CPE)
- Costeo competencial como base referencial para la distribución de los recursos
- Sistema de Planificación en el marco de las autonomías
- Generación de ingresos y distribución:
- Sistema Tributario y definición de dominios tributarios
- Regalías
- Sistema de coparticipación (distribución vertical y criterios de distribución horizontal)
- Endeudamiento
- Gasto y gestión financiera:
- Reglas fiscales: Gasto / Inversión
- Uso de los recursos en el marco de la autonomía (transparencia, incentivos, desburocratización, eficiencia, rendición de cuentas-resultados, participación y control social, concurrencia, etc.)
Reafirmamos nuestro compromiso de contribuir en este proceso, aportando con contenidos técnicos que permitan que las definiciones sobre los recursos públicos y el ejercicio de la autonomía sean, ante todo, un instrumento para el bienestar de todas las bolivianas y bolivianos.
Bolivia, abril de 2026
Organizaciones miembros de la plataforma
